Los manteros no son (todo) el problema

El problema con los manteros viene de lejos pero, en los últimos tiempos, su importancia se ha visto incrementada por la acción política y el peso de los medios tradicionales y, especialmente, de las redes sociales. Hay quien, en las grandes ciudades, siente que la presencia de manteros, obstaculizando las calles y perjudicando -hipotéticamente- al pequeño negocio, así como generando algunos conflictos como el sonado ataque a un turista americano, supone un perjuicio inaceptable. Al mismo tiempo, lejos de pretender una buena pedagogía, o de establecer unos límites razonables en lo que a venta ambulante se refiere, los gobiernos de ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia se han abonado a la fea costumbre de hacer oídos sordos a grandes problemáticas, y dejan que las múltiples opiniones sobre los manteros y su actividad se extiendan sin ningún tipo de versión oficial fundamentada.

Los manteros, y esto creo que es algo que todos entenderemos si hacemos uso del sentido común, no son gente especialmente violenta. Si bien es cierto que determinadas etnias -por darles un nombre- concentran buena parte de los delitos en los países europeos, también debemos ser comedidos y evitar abusar de argumentos basados en la raza o en la religión para explicar los fallos de la convivencia. Los manteros, a pesar de algunos conflictos derivados de su actividad, no son esencialmente agresivos, ni tienen por qué producir altercados. El hecho es, además, que no los suelen producir. Son, dentro de la inmigración, como muchos otros sectores de baja cualificación copados por extranjeros provenientes de países más pobres que el nuestro, personas que desean ganarse la vida de forma medianamente honrada. Por desgracia, lo que sí es cierto es que su actividad supone una serie de problemas que no se pueden eludir.

El primero y principal consiste en que, más allá de consideraciones morales, los países europeos y, en particular, España, disponemos de un marco normativo enormemente restrictivo en lo que se refiere al trabajo. Por poner un simple ejemplo, Libremercado.com nos ofrecía, en 2016 -y la cosa no ha cambiado para mejor-, un ejemplo durísimo de cómo el Estado se embolsa, en un sueldo bruto de 24000 euros, la friolera de un aproximado 47% del coste laboral de un trabajador. La cuota de autónomos actual está en más de doscientos euros, pudiendo acogerse a determinadas condiciones que provocarían una disminución de la misma. Por supuesto, podríamos hablar también de las necesidades de los comerciantes de cara a poder mantener su establecimiento, de alquileres y, en definitiva, de toda una serie de obligaciones que alejan, tanto en impacto económico y persecución como en contribución a las arcas estatales, las actividades de los manteros de las de un negocio habitual.

Todas esas diferencias son, evidentemente, molestas para el trabajador, pero aún queda un punto que tratar, que no es otro que la perspectiva del consumidor ante el auge de la venta ambulante. Pese a lo que FACUA pueda decir, el negocio de los manteros no introduce mejoras en la calidad de los servicios prestados por el comercio en España: los productos tienen una calidad muy dudosa, los vendedores no tienen por qué gozar de habilidades de cara al público, los precios no son fijos y no se aceptan devoluciones. Si no fuese por la mala prensa que generarían a su alrededor, más de uno de los que critica a las grandes empresas por empeorar las condiciones de los trabajadores y, además, las garantías de cara a los consumidores, no tendría más remedio que acusar a la venta ambulante de introducir la precariedad en la mercancía, así como a los ayuntamientos por no atajar un perjuicio para un país con unos estándares de calidad que debemos mantener.

Y es que sí, el problema va más allá de unas personas que tienen derecho a ganarse la vida de la mejor forma que puedan -eso nadie lo pone en duda-. Es un tema con tantas implicaciones que, como liberal, a veces pienso que debería inclinarme a defender la venta ambulante por promover una desregulación creciente de los negocios en España y una bajada de la presión estatal sobre los profesionales; obviamente, se me pasa cuando recuerdo que, y ese es otro de los problemas, la ocupación más bien arbitraria y, en muchas ocasiones, molesta y poco lucida del espacio público es legal o ilegal dependiendo meramente de cuestiones identitarias, sobre la base de un perjuicio racial que debe ser compensado de alguna forma, aunque sea a través de soluciones más bien injustas.

El título del artículo es, aunque pueda parecer lo contrario, ajustado al contenido. Los manteros son seres humanos y, por ende, no tienen por qué ser en sí un problema para los estados europeos. Nadie es un problema en sí mismo, siempre que esté bien ubicado. Lo negativo se genera cuando se pierde el esquema con el que operamos como sociedad, como país o, incluso, como región, olvidando cómo distribuimos capacidades y responsabilidades y perjudicando o beneficiando dependiendo de las circunstancias. La realidad es que cuando la extrema derecha explota argumentos en contra de la inmigración, quejándose del bloqueo mediático de los aspectos negativos de la misma, la razón los avala en el sentido de que es cierto que España ha perdido su vara de medir y, si no tenemos una forma de valorar nuestra convivencia, nada tiene sentido.

Integrar es la solución, efectivamente, pero no hemos desarrollado las herramientas adecuadas para hacerlo de forma cómoda y segura para la ciudadanía, y eso da alas al racismo, que se alimenta de todas esas veces en las que una persona ve su identidad como un perjuicio en su propio país. La clase baja española tiene una vida llena de trabajo, de sacrificios y de penurias, igual que un mantero -salvando, por supuesto, las circunstancias personales previas a la llegada a España y las deficiencias de los tratos que les dispensamos habitacionalmente, entre otras cosas-, solo que, además, carga con el estigma de no ser visto por el gobierno, ni por sus semejantes, como alguien que merece consideración y ayuda, sino como una persona falta de recursos que, además, debe cargar con un peso parecido al de la clase media de cara a iniciar sus actividades profesionales, peso que la venta ambulante no soporta.

Evidentemente, el racismo no es la solución. Los manteros no son privilegiados. Lo que sí son es la muestra de que el sistema político, social y económico actual no consigue encontrarnos un sitio a todos. No es un triunfo que la política municipal se ponga medallas sobre la nacional por permitir negocios ilegales, con el único argumento de no abandonar a esos ciudadanos. El abandono llega desde el punto en el que nos olvidamos de que, como país, debemos intentar establecer unas reglas de juego para todos, y de que tenemos unas limitaciones que no podemos subsanar permitiendo que esas normas sean toreadas a gusto de cada cuál. La lástima y la condescendencia no son motivaciones serias para ocultar la incompetencia, ni es normal que un país europeo como España crea que la solución a la falta de adaptación dentro del mercado de trabajo de las personas sea permitirles obtener ingresos por medio de prácticas ilícitas.

La ultraderecha obtiene alimento cada vez que la izquierda dice que los inmigrantes solo pueden ser manteros o lateros. El derechista radical entiende ese discurso como lo que es, una simple excusa para permitir la ilegalidad, para permitir una vida al margen de la sociedad de unas etnias que ya de por sí le generan rechazo, en lugar de buscar una forma de integrar a esas personas bajo los mismos estándares que ellos están obligados a cumplir. No sirve saltarse a la torera las leyes por razones humanitarias, porque el negocio de la venta ambulante no viene de ayer. No son soluciones de emergencia. Son estatus sociales y económicos que se perpetúan y llevan a personas desilusionadas a la desesperación, exactamente igual que pasa con las clases bajas españolas. No les estamos ofreciendo ninguna perspectiva de futuro, ni a los de aquí ni a los de fuera porque, simplemente, dicha posibilidad está fuera de nuestra alcance.

No sabemos cómo integrarlos en el mercado laboral, ni qué formación adjudicarles, ni cómo adaptarlos a la vida social. Quienes vienen acaban -hablo en rasgos generales, conozco adaptaciones asombrosas-, o viviendo de trabajos absurdamente precarios, reduciendo los salarios a mínimos insospechados -la actividad agrícola es un ejemplo-, o viéndose obligados a recurrir a actividades ilícitas, y las autoridades no tienen el derecho de tapar esta realidad. No se trata de personas buenas o malas, nadie está hablando de elecciones. Estamos hablando de seres humanos a los que no se les pueden prometer trabajos dignos porque, simplemente, no están a su alcance. Personas para las que no tenemos un plan. Los traemos unas semanas, los tratamos bien y, en muchas ocasiones, los “reubicamos” sin más cuando la solidaridad se nos acaba. Algunos se quedan y desesperan en la precariedad, porque son colectivos especialmente vulnerables.

Lo más lamentable es que la política nacional se crea que la inmigración es un juego. Las personas no son juguetes. Nadie se merece que lo traten como un trofeo, exhibiéndolo cuando llega y dejándolo olvidado en un rincón cuando ya no sirve. Hace falta reflexión sobre cómo, cuándo y dónde canalizar los flujos migratorios. Si nos obcecamos en repetir una y otra vez que son seres humanos, tratémoslos como tales, y preguntémonos qué derecho tenemos a jugar con sus vidas y engañarlos, eliminando nuestras normas con tal de no tener que ofrecerles nada más. Porque sí, lo que hacemos ahora es adoptar la postura más cómoda, pero no servirá por siempre. Algún día nos preguntaremos para qué hacíamos las cosas y, si no cambiamos el sistema, nos daremos cuenta de que nadie se había parado a pensar el tiempo suficiente como para entendernos.

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