¿Deberían votar las personas con discapacidad intelectual?

El caso de Mara, una joven gallega con discapacidad intelectual a la que se le ha retirado el derecho al voto, reabre un debate eterno, ininterrumpido que, si se tomase en serio, haría temblar los cimientos de todo el orden social establecido. Aunque no lo parezca, la discusión que subyace a una decisión de este estilo, que ha llevado a la familia a anunciar que recurrirá a Estrasburgo para restablecer el supuesto derecho al sufragio de su hija, es verdaderamente profunda.

Una de las razones para impedir que la chica vote es que, tras ser sometida a un cuestionario, se ha comprobado que no conoce cómo funciona el dinero ni prácticamente nada sobre los diferentes partidos políticos que se presentan a las elecciones, con lo que, de una forma medianamente objetiva, se concluye que el voto de la muchacha no llevará tras de sí una argumentación ni reflexión demasiado extensa, por decirlo de la manera más elegante posible.

Defender las libertades es algo que ni siquiera es necesario justificar, un imperativo que cada persona puede sentir sin necesidad de dar explicaciones, pero también hay un límite. El límite fundamental es la delgada línea que separa lo individual de lo comunitario. Cuando se habla de toma de decisiones que afecten a un gran número de personas (que ojalá fuesen escasas), las libertades deben ser restringidas por un código que permita decidir quién puede y quién no puede participar en la reflexión que desemboque en una actuación consensuada.

Dicho de otra manera, todo el mundo está capacitado para opinar, pero no todas las personas sobre la faz de la Tierra deben tener la posibilidad de influir con su opinión en el devenir de los acontecimientos. Esto permitiría, entre otras cosas, dirimir responsabilidades. De cada decisión se podría extraer, de una manera medianamente clara, un grupo de “promovedores” de la misma a los que juzgar.

El problema llega si alcanzamos un punto en el que la sociedad no sabe a quién atribuirle la autoría de cada uno de los cambios que se producen. Esta situación debería resultarle familiar al lector, pues se corresponde, de forma clara, con la tesitura actual.

¿A quién podemos culpar de los errores administrativos del país? ¿Debemos demonizar a los políticos, a los ciudadanos que les votan, a los funcionarios, a las grandes empresas, a los grandes capitales individuales, a las entidades financieras, a Europa, a Estados Unidos, a los países asiáticos o a todos a la vez?

Se podrá creer que esto no tiene nada que ver con la situación que vive Mara pero, en realidad, la suya es una cuestión que se puede analizar en los mismos términos. ¿Es Mara capaz de responsabilizarse del sentido de su voto? Y no nos estamos refiriendo a que manifieste su voluntad de votar, sino a que, técnicamente, ella sea consciente de la importancia que tiene una urna y esté al corriente de la realidad de su país hasta el punto en que su criterio se pueda comparar con el de los demás. Por lo visto, no es el caso y, en términos de legitimidad, los defensores de la libertad tienen derecho a aducir que, dadas las conclusiones alcanzadas, su participación en un proceso electoral no cumple los estándares necesarios para que sus preferencias deban ser tenidas en cuenta.

Cuando su familia dice que sería interesante que al resto de los españoles los sometiesen al mismo test que a su hija, un defensor de la libertad no tiene más remedio que reconocer que, en este sentido, su reclamación es lógica. Si seguimos la definición de legitimidad, o el esbozo de la misma que se ha hecho en este artículo, convendremos en afirmar que es probable que muchos de los votantes habituales no gocen de ella y que, por tanto, cualquier persona tiene derecho a reclamar que los asuntos comunitarios no tengan que contar con la supervisión de ignorantes (en el terreno de lo político, nada que ver con un insulto. La ignorancia es algo objetivo y cualquiera tiene derecho a padecer de ella).

Por concluir rápidamente y no extender demasiado este análisis, que es posible que se trate en profundidad en otro momento, vayamos al grano: ¿Debe Mara poder votar, así como el resto de personas con discapacidad intelectual que sean juzgadas de la misma forma que ella? No, atendiendo a sus circunstancias y realidad. ¿Debemos todos poder votar? No. Es tan fácil como que cada español se haga las siguientes preguntas: ¿Tengo yo la más mínima razón o justificación, a partir de mi desempeño manejando mi propia vida, a elegir cómo debe ser la de los demás? ¿Conozco cómo mejorar la situación de mi país? ¿Me he informado y he desarrollado un espíritu crítico en lo que a política se refiere? ¿Comprendo lo que significa meter la papeleta en la urna? ¿Me haré responsable de mi decisión si mi candidato arruina mi país (por ejemplo, entre las mil pequeñas cosas negativas que pudieran pasar)?

La respuesta es por todos conocida: nadie querrá hacerse responsable ni tomarse en serio su voto, nadie se leerá todos los programas electorales con espíritu crítico y, por encima de todo, nadie se planteará si se ha ganado el supuesto derecho a decidir sobre la vida del resto de españoles. Un asunto serio es, hoy en día, una auténtica banalidad. Y, de hecho, el ciclo se cumple: nadie sabe quién tiene la culpa de que las cosas sean así. Disfruten lo votado.

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3 comentarios

  1. Anibal
    ·

    El nivel intelectual de una persona se valora,no todos tienen que seguir ,
    el tabú de la misma vara de medir

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