La condena a Artur Mas y la prohibición de poner urnas

Es curioso que, defendiendo la libertad, uno tome, por el tipo de debates que se presentan a este respecto, una fama que no es, ni mucho menos, merecida. Como muestra de que defender la libertad no tiene nada que ver con la derecha o la izquierda, tenemos la condena que se le ha impuesto hoy a Artur Mas, antiguo presidente de la Generalitat de Catalunya, consistente en dos años de inhabilitación. ¿El motivo? La consulta del 9 de noviembre, ese “referéndum” no pactado con el Estado, de censo dudoso y urnas de cartón.

Vamos a procurar no entrar en demasiados tecnicismos, porque se podría hablar de legitimidad, de respeto a la ley, de desobediencia civil y demás cuestiones que, si bien son enormemente relevantes, desvirtuarían lo que es una realidad incontestable: en este país, la aplicación de la justicia tiene mucho que ver con el “quién” y el “dónde”, más que con el “qué”.

El “quién” es, en este caso, un político catalán de reconocido éxito en su tierra. El “dónde” es, como no podía ser de otra manera, Cataluña. ¿El “qué”? Poner urnas. Objetivamente, más allá de lo que recoja el código penal, lo que hizo el gobierno de la Generalitat fue poner urnas en las calles para que se realizase una consulta que se consideró ilegal.

Es cierto que ese acto estaba “prohibido”, pero habría que preguntarse por qué actuaciones de este estilo son consideradas motivo suficiente para inhabilitar a un cargo público durante nada más y nada menos que dos años. ¿Era, acaso, la consulta del 9 de noviembre algo que mereciese ser perseguido por un tribunal? Y, si es el caso, ¿por qué? Esa es la gran pregunta que nadie sabe responder.

¿Es por sacar urnas a la calle? ¿Es por preguntar algo que no debería ser preguntado? ¿Es por quién lo pregunta? ¿Es por dónde se pregunta? Motivos hay miles y certezas, sin embargo, muy pocas. Si es por sacar urnas, craso error condenar a alguien por un ejercicio democrático simple. Si es por la pregunta, peligroso es censurar a quien solamente quería que se escuchase al pueblo. Si es por el actor, otro llegará y, si es por el lugar, mal hacemos discriminando a una Comunidad Autónoma, a una posible nación dentro de otro país más grande, así como así.

El problema que tiene la ley en España es que toma formas demasiado sólidas. Podemos sentirnos orgullosos de tener firmes modelos de convivencia y, sin embargo, no hay por qué asustarse porque alguien cuestione que ese régimen sea el correcto pues, al fin y al cabo, el código penal sirve para castigar los delitos, y lo único que convierte a algo en un delito es el consenso o la imposición. Entre las dos, cómo no, prefiero que sea el consenso la base de toda condena y, en este caso, es evidente que no hay consenso.

No hay consenso porque hay una parte de España que empieza a preguntarse por qué el pobre va a la cárcel y el rico no, por qué es delito poner unas urnas en la calle o por qué la ley no puede cambiar si es injusta, y ese nuevo país no va a morir porque se siga repitiendo el mantra acabado de “es que lo dice la ley”. Los españoles ya se ha dado cuenta de que las leyes del 78 se están agotando, que ya no sirven para juzgar con la moral del presente, que España ya no comulga con lo que antes creía la ciudadanía que era penalizable o que, incluso, es posible que ni siquiera fueran los ciudadanos los que decidieran nada. Que el 135 se pudo cambiar en una noche y que no hay mantra que valga. La desconfianza en nuestras leyes aumenta día a día, y aunque parezca mentira, nadie quiere ponerle solución.

El problema en España sí es de independencia, pero no la de Cataluña. A los nuevos españoles nos preocupa la independencia de nuestros derechos respecto a nuestra clase social, género o ideología. Nos preocupa la independencia futura de los jóvenes, que podamos organizar nuestra vida en libertad y que tengamos capacidad para mirar hacia delante. Nos preocupa la independencia de los trabajadores de los designios crueles de los malos empresarios, de aquellos que explotan. Nos preocupa la independencia de los países pobres, que sus ciudadanos puedan negarse a ser explotados desde críos a cambio de un plato de arroz.

Esas sí son las independencias que interesan a la nueva España, y atentar contra ellas es lo que debería estar castigado por las leyes. Es una vergüenza que, en el país en el que vivimos, se condene al político que pone urnas y no al estafador que pone grilletes de por vida a personas inocentes. Si hablamos de independencia, mi respuesta es un rotundo SÍ. Sí a la independencia. Todos merecemos ser libres.

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